La figura del Guardia Jurado, también conocida como Vigilante Jurado, fue durante décadas un tipo de agente de seguridad privada en España con características especiales otorgadas por la ley, incluyendo ciertas prerrogativas vinculadas a la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esta condición estuvo presente durante el régimen franquista y parte de la Transición española.

Sin embargo, con el avance hacia un sistema democrático más consolidado, se hizo necesaria una modernización del sector de la seguridad privada para adaptarlo a los nuevos tiempos y a las normas europeas. Esta modernización se formalizó con la aprobación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, que supuso un cambio radical en la regulación y conceptualización de estos profesionales.

Contexto histórico y legislativo

Durante los años 70, en el periodo de la Transición española posterior al franquismo, se inició un debate para adecuar las funciones y el marco legal de los antiguos “Guardias Jurados” a una visión moderna de la seguridad privada, desvinculándolos de su carácter "jurado", que implicaba un estatus de agente de la autoridad con privilegios especiales.

La Ley 23/1992 estableció el término Vigilante de Seguridad para unificar la profesión bajo una sola denominación y eliminar las connotaciones de la vieja figura. Con esta ley, se crearon nuevos requisitos obligatorios para el acceso a la profesión, tales como formación específica, habilitación oficial otorgada por el Ministerio del Interior, así como la definición clara de funciones y límites para estos profesionales.

Principales cambios con la Ley 23/1992

• Eliminación del término "jurado": Se abandonó la idea de que estos vigilantes tuvieran un carácter de agente con privilegios especiales.
• Formación obligatoria: Se establecieron cursos homologados y controles para garantizar que los vigilantes cumplieran con estándares profesionales y éticos adecuados.
• Habilitación oficial: La habilitación para ejercer quedó regulada por el Ministerio del Interior, quien también supervisa la actividad.
• Funciones adaptadas: Se redefinieron sus funciones como protección de bienes, establecimientos, personas y mantenimiento de la seguridad privada en espacios públicos y privados, sin funciones policiales.

Impacto y consolidación

El cambio no solo renovó el marco legal sino que profesionalizó la actividad, integrando la seguridad privada en el sistema democrático español y facilitando una cooperación más adecuada con las fuerzas de seguridad pública, dentro de un marco reglamentado y respetando los derechos fundamentales.

Desde entonces, la figura del Vigilante de Seguridad se ha consolidado como un pilar fundamental dentro del sector de la seguridad privada en España, con una reglamentación que sigue evolucionando, pero siempre manteniendo los principios que la Ley 23/1992 introdujo.